El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)[1], manifiesta profunda inconformidad ante la negativa de admitir su intervención en calidad de Sociedad Civil ante la presidencia Pro Tempore Paraguay 2020 del Mercosur[2], a fines de plantear en la XXXV Reunión de altas autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR (RAADH), la grave situación de violaciones sistemática a los Derechos Humanos en Venezuela.
MERCOSUR a través del protocolo de Ushuaia (1998) asumió como principio fundamental que todos los Estados que se integren deben cumplir y mantener como pilar fundamental el compromiso de promover y defender el orden democrático. Sin embargo, el Estado venezolano en agosto de 2017 por decisión unánime de la presidencia de dicha integración regional, fue Suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte en el MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia[3]. Dicha suspensión cesará únicamente cuando se verifique el restablecimiento del orden democrático en Venezuela.
Ahora bien, la misma decisión que emite la integración regional del MERCOSUR establece: “Los Estados Partes definirán medidas con vistas a minimizar los impactos negativos de esta suspensión sobre el pueblo venezolano.” En contraposición, desde el año de la suspensión, el tema sobre la grave problemática que existe en Venezuela, entre ellos violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, ha desaparecido por completo de las agendas de debate.
Tres años después, Cadef asumiendo vocería regional de las organizaciones de la sociedad civil venezolana liderada por juventudes, analizando las posibilidades de los reglamentos internos del MERCOSUR, y en dialogo bilateral con miembros de la Comisión Permanente de Memoria, Verdad y Justicia, presentó la solicitud de Derecho de palabra en calidad de Organización de la Sociedad Civil a los fines de retomar en las reuniones y foros de debate la situación y actualización de la realidad venezolana, dicha solicitud fue sometida a consulta general ante las altas autoridades, la cual fue negada, pese al vacío legal que existe en los reglamentos y la inexistencia de negarle a la sociedad civil de un país suspendido el derecho de palabra.
Lamentablemente en la mayor parte de los países de nuestra región los criterios, aportes y recomendaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe, incluyendo especialmente de los países no hispano parlantes del caribe, no son tomados en cuenta; no existen mecanismos apropiados para la participación, y la toma de decisiones excluye las necesidades de las personas.
Reiteramos nuestro profundo rechazo ante esta situación, y llamamos a los países[4] que conforman la integración regional del MERCOSUR, a abrir las posibilidades de participación e integración de la sociedad civil, en honor a los principios democráticos.
[2] https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/
[3] https://www.mercosur.int/suspension-de-venezuela-en-el-mercosur/
[4] https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-mercosur/