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La criminalización de la labor humanitaria y la persecución en contra de la juventud debe cesar de inmediato

Durante este último año que llevamos en pandemia por el coronavirus COVID-19, hemos presenciado una serie de actos arbitrarios contra defensores de derechos humanos, periodistas, profesionales de la salud, sin distinción de edad, género o profesión, sin embargo de acuerdo al equipo de monitoreo y observación del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) cerca de un 70% de las victimas no superan los 30 años d eedad.

De igual forma diversas organizaciones no gubernamentales afirman que desde marzo de 2020 se han reportado varias detenciones, en algunos de estos casos a jóvenes que han decidido aportar y estar al servicio de la comunidad de forma organizada y solidaria cumpliendo con las medidas de bioseguridad necesarias, llevando insumos o brindado apoyo en jornadas de desinfección para hacer frente a la situación pandémica que afecta de manera global a la humanidad.

El Estado a través de sus cuerpos de seguridad ha arremetido, de forma sistemática y siguiendo un patron de neutralización a actores humanitarios defensores de Derechos Humanos, por lo que fieles a nuestro compromiso y a nuestros principios, rechazamos CONTUNDENTEMENTE estos actos que se han venido suscitando y en especial por la detención de los 6 Jóvenes de la Ciudad de La Victoria en el Estado Aragua, los cuales cumplían una labor de desinfección de edificios con la finalidad de seguir en la lucha contra el coronavirus COVID-19.

Actualmente a estos 6 jóvenes se les imputan cargos de instigación pública y agavillamento, y manejo indebido de sustancias peligrosas, luego de su presentación el pasado Lunes 05 de Abril, dónde por periodo de investigación deben cumplir con 45 días injusta detención en el comando Las Mercedes en el Estado Aragua.

Reiteramos y exigimos que las autoridades competentes tanto a nivel nacional como internacional se avoquen a los casos de estos jóvenes que hoy son perseguidos, por actos de valentía y real compromiso con Venezuela, exhortamos a las organizaciones y a los defensores de derechos humanos a ser voz de estos actos arbitrarios que hoy nos toca presenciar en nuestro país.

Solicitamos a la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su labor de protección y observancia de las libertades fundamentales en Venezuela sea considerada la juventud de manera diferenciada.


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