- CADEF
- 12 marzo, 2020
Gobierno de Venezuela arremete en contra de la disidencia política una vez más
El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef) manifiesta su rechazo categórico ante la arremetida del gobierno nacional de Nicolas Maduro en contra de la disidencia política venezolana, hechos que intensifican más la crisis política por la que atraviesa la nación.
El día de hoy 12 de marzo nos dirigimos al país como jóvenes activistas y defensores de Derechos Humanos, realmente preocupados por el contexto por el que atravesamos en Venezuela, donde disentir del gobierno nacional es considerado un motivo para ser encarcelados. Denunciamos de forma pública, las acciones perpetradas por funcionarios pertenecientes al FAES (grupo de fuerzas de acciones especiales) quienes en el contexto de las protestas pacificas convocadas por el sector de oposición el pasado 10 de marzo procedieron de manera irregular y actuando apartados del ordenamiento jurídico venezolano y a los tratados, actos y convenios en materia de DDHH a detener a tres (03) de diputados del parlamento nacional, quienes fueron escogieron por elección popular y a quienes con estos hechos se les fue violada su inmunidad parlamentaria privándolos ilegítimamente de libertad sin ninguna orden de detención emanada de algún tribunal competente.
De igual manera en horas de la tarde del mismo 10 de marzo fue notificada la liberación de dos (02) de estos diputados, confirmando la desaparición y aun detención del Diputado electo para la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Renzo David Prieto Rodríguez quien también fue detenido el 10 de mayo del 2014 por primera vez y permaneció en la sede de el Helicoide (Sebin) por mas de cuatro (04) años. Transcurridas ya 48 horas de su detención se sigue sin tener noticas sobre el diputado ni tampoco se conoce el lugar y cargos bajos los cuales fue privado de libertad
Desde CADEF exigimos la liberación del Diputado Renzo a todas las autoridades venezolanas inclusive hacemos el llamado a la fiscalía General de la Republica, a la Defensoría del Pueblo, a las Fuerzas Armadas Nacionales a cumplir con lo establecido en las leyes y a cumplir su deber.
Hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Alta Comisionada de Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, a la comunidad Internacional en General a exigir en cese de estas actuaciones.
Ratificamos nuestro compromiso con la democracia, no toleraremos injusticias y denunciaremos cualquier atropello que coloque en riesgo la dignidad humana de cualquier persona y el menoscabo de sus derechos.
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