El Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF) junto a las organizaciones y grupos de la sociedad civil que suscriben el presente, condenan la detención arbitraria del líder comunitario y social Jesús Hernández y mantienen la exigencia de su pronta liberación tras cuarenta y cinco (45) días de su aprehensión y de un proceso injusto como resultado del patrón sistemático de intimidación que mantiene el régimen de Nicolás Maduro.
Hernández, ha mantenido la constante visibilización de las situaciones que configuran violaciones de Derechos Humanos en Tinaquillo estado Cojedes, municipio que se mantiene bajo la gestión del alcalde Luis Yoyote Rojas, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Los tinaquilleros han sido objeto de intimidaciones y amedrentamientos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, siendo que en lo que va de 2019 han practicado alrededor de 15 privaciones ilegítimas de libertad entre las cuales se encuentra la de Jesús Hernández el pasado 31 de mayo, en el marco de protestas pacíficas en exigencia del restablecimiento del orden democrático y la reivindicación de derechos fundamentales.
En la audiencia preliminar del 2 de mayo, Hernández fue imputado por los delitos de resistencia a la autoridad, ultraje al funcionario, instigación pública y obstrucción de la vía pública, además, el Tribunal dictó medida privativa de libertad el mismo día.En el informe de país sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó: “(…) en escenarios como este, la relación entre los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica resulta manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de reclamar la efectividad de la democracia (…)” En este sentido se evidencia cómo a Hernández se le han vulnerado derechos constitucionales y el Estado incluso incumple con las recomendaciones hechas por la CIDH en el mismo informe país, cuyos expertos recomiendan al Estado “(…) Abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, y en caso una persona sea privada de libertad, asegurarse de que sea una medida excepcional y que se cumplan todas las garantías para la restricción de este derecho, incluyendo la de ser llevado inmediatamente ante un juez.”
La detención de Hernández representa un hecho sin precedentes que evidencia la arbitrariedad y el totalitarismo que asedia a Tinaquillo, un municipio que ha sido golpeado por la emergencia humanitaria compleja en todos los aspectos que ésta constituye. Siendo que las detenciones arbitrarias a las juventudes, especialmente a quienes ejercen derechos constitucionales en el contexto de las protestas en Venezuela, profundizan la crisis política que hay en el país y que el gobierno en lugar de disponerse a resolverla infunde terror de estado en la ciudadanía para silenciar la voz disidente y los ideales libertarios de los jóvenes.
CADEF rechaza de forma categórica y contundente y a su vez exige al estado venezolano el cumplimiento de su responsabilidad y el acatamiento de las recomendaciones internacionales en razón del cese de la persecución hacia la juventud, a la disidencia y a los ciudadanos que exigen la reivindicación de sus derechos humanos y fundamentales.
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