Por: Gonzalo Albano Gutiérrez
Cojedes.- Este martes 9 de febrero, tras celebrarse el Plan de Abordaje Judicial y una audiencia preliminar, la jueza de Primera Instancia Penal, en funciones de Control N°3 del estado Cojedes, María Inés Mieres Farfán, ordenó la medida de detención domiciliaria para Luis Alfredo Mejía Agudelo de 82 años de edad, quien se encontraba preso en condiciones precarias y de hacinamiento en los calabozos de la Subdelegación Tinaquillo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), desde el pasado 21 de mayo del año 2020.
El defensor privado José Vicente Sandoval y el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef), amparados en el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual reza que: “No se podrá decretar la privación judicial preventiva de libertad de las personas mayores de setenta años”, solicitaban desde el año pasado al Tribunal de Control N°3 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes que le concediera arresto domiciliario al ciudadano de 82 años de edad, de nacionalidad colombiana.
El Tribunal de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, previamente había ordenado que el lugar de reclusión del octogenario fuese un centro de atención especializado para el adulto mayor, pero como no existe un centro público o privado de cuidados para ancianos en la región llanera, la medida no se materializó y además los administradores de justicia, desestimaron la petición de detención domiciliaria el pasado 23 de diciembre del año 2020.
En vista de la negación de la medida legal y humanitaria, y tomando en cuenta la vulnerabilidad del anciano y las precarias condiciones de encierro en la sede del Cicpc Tinaquillo, donde recientemente familiares de los privados de libertad, denunciaron hacinamiento, el fallecimiento de un reo por complicaciones de salud asociadas a la tuberculosis y al menos otros siete casos de TBC, la defensa, Cadef y la señora Meriz Piñerez Marín, esposa de Agudelo, solicitaron formalmente la intervención de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Michelle Bachelet.
Finalmente, tras más de 8 meses de encierro en las celdas de la policía científica de la ciudad de Tinaquillo, este martes 9 de febrero, la jueza María Inés Mieres Farfán ante la misma situación del pasado 23 de diciembre del año 2020, que implicaba la ya mencionada inexistencia de un centro de cuidados especiales para adultos mayores en el estado Cojedes, ordenó detención domiciliaria para el hombre de 82 años de edad.