En el fatídico día del 11 de abril de 2002, Venezuela quedó marcada por un episodio oscuro que aún resuena en la conciencia colectiva del país sudamericano. Más allá de ser una fecha en el calendario, representa un recordatorio doloroso de la violencia desmedida y la represión estatal que, lamentablemente, continúa siendo una realidad en la nación.
El asesinato de jóvenes a manos de policías y militares durante las protestas de aquel día dejó una cicatriz profunda en la sociedad venezolana. Estos jóvenes, lejos de representar una amenaza para la seguridad nacional, eran simplemente ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional a la manifestación pacífica, expresando su descontento ante un gobierno que había perdido el rumbo democrático.
La brutalidad con la que fueron reprimidas estas manifestaciones es un recordatorio amargo de la fragilidad de los derechos humanos en Venezuela. En lugar de proteger y servir al pueblo, las fuerzas de seguridad se convirtieron en instrumentos de represión del Estado, utilizando la violencia como respuesta ante la disidencia.
Pero lo más preocupante es que esta política represiva no se detuvo en el año 2002; lamentablemente, se ha perpetuado y agravado en los años posteriores. La represión se ha extendido a todas las formas de expresión contrarias al régimen, desde las protestas callejeras hasta las críticas en redes sociales. La persecución política, la detención arbitraria y la violencia institucionalizada son moneda corriente en la Venezuela contemporánea.
La tragedia del 11 de abril de 2002 debería ser un punto de inflexión en la historia de Venezuela, un momento en el que la sociedad se comprometiera a construir un país basado en el respeto a los derechos humanos y la democracia. Sin embargo, más de dos décadas después, nos encontramos atrapados en un ciclo de represión y violencia que parece no tener fin.
Es fundamental que la comunidad internacional preste atención a la situación en Venezuela y tome medidas concretas para exigir el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento del orden democrático. La memoria de aquellos jóvenes que perdieron la vida el 11 de abril de 2002 debe ser honrada con acciones que garanticen que nunca más se repita una tragedia similar en Venezuela.