En América Latina y Caribe, defensores de derechos humanos (DDH), incluides líderes sociales y periodistas siguen enfrentando una gama de muy graves violaciones a sus derechos humanos, lo cual no es compatible el ODS 16 que versa sobre Paz, justicia e instituciones fuertes y que será revisado en el HLPF 2019. Desde diciembre de 2017, el Monitor CIVICUS ha documentado asesinatos de defensores de DDHH en al menos 10 países de las Américas: Belice, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua Perú y Venezuela.
Solo en 2018 Front Line Defenders reporta el asesinato de 321 defensores y defensoras en 27 países del mundo. De ellas el 77% defendía la tierra, el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la ejecución de grandes proyectos2. Solo en Colombia y México se produjeron el 54% del total de estos asesinatos. Cerca de 1.179 defensores y 177 comunidades de siete países de América Latina fueron objeto de diversos ataques entre 2009 y 2018 por su trabajo relacionado con la defensa y protección de tierras, territorios y bienes comunes, de los cuales, el 81,69% fueron hombres y el 18,31 % mujeres, víctimas de amenazas, asesinatos, desplazamientos, desapariciones o violencia sexual, entre otros. Asimismo, 177 comunidades de indígenas y afrodescendientes fueron víctimas, entre ellas la Munduruku en Brasil, que solo en cinco años sufrió 35 ataques, y la Nahua en México, que tuvo 30 agresiones.3
En toda la Región las defensoras de derechos humanos suelen ser borradas o calumniadas en sus esfuerzos por intimidarlas para que dejen de continuar su labor de derechos humanos. Así mismo, además de recibir los castigos ya mencionados, son víctimas de abuso sexual. El informe de agresiones a defensoras en Mesoamérica y México, “Cuerpos, territorios y movimientos en resistencia en Mesoamérica”, evidencia que entre 2015 y 2016 se contabilizaron 2,197 agresiones contra defensoras en El Salvador (102), Nicaragua (192), Guatemala (231), Honduras (810) y México (862). Ello supone un incremento de 30% respecto al trienio 2012-2014, el cual presentó un total de 1,688 agresiones.4 En Brasil entre 2002 y 2013, se registraron 448 de defensores y defensoras de la tierra y el mediamente, sobre todo en zonas de la Amazonía afectas por la deforestación 5.
Actualmente el Programa de Protección a los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (PPDDH) de Brasil tiene registradas a 342 personas. Cerca del 80% de toda la demanda atendida por el Programa corresponde a casos vinculados a las luchas campesinas, de comunidades tradicionales, pueblos indígenas y la defensa del medio ambiente6. Así mismo, protestas iniciadas por indígenas que demandan sus derechos han sido sistemáticamente interrumpidas de forma violenta en la región y son innumerables las denuncias contra la policía por uso excesivo de la fuerza contra las protestas sociales, en Bolivia, Chile, El Salvador, entre otros.
Respecto a las restricciones de espacio cívico, diversos informes alertan sobre la criminalización de la protesta social a través del uso de la fuerza durante, el ejercicio ciudadano de libertad de expresión, así como ataques contra periodistas, la detención de manifestantes y la interrupción de las protestas, la censura y promulgación de leyes restrictivas. En el caso de Nicaragua, cientos de manifestantes han sido detenidos desde el inicio de la crisis política en abril de 2018. Docentes y jóvenes en Honduras son víctimas de estás políticas de exterminio, siendo también, uno de los grupos más afectados en la región (se alerta sobre casos en Chile, Colombia, Argentina, Nicaragua y Venezuela).
Las y los periodistas son víctimas de amenazas, agresiones físicas y verbales y, en números sin precedentes asesinatos selectivos. Los países más peligrosos de la región para ejercer el periodismo incluyen Brasil, Honduras y México. Asimismo, protestas de comunidades indígenas por sus derechos están siendo sistemáticamente interrumpidas de forma violenta y son innumerables las denuncias por uso excesivo de la fuerza policial en Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador y Venezuela. Colombia terminó con las esperanzas de ser un país pacífico a partir de los frecuentes y continuos ataques contra los/as DDH que defienden la implementación de los Acuerdos de Paz, particularmente, las denuncias desmintiendo las afirmaciones del gobierno sobre la desmovilización paramilitar.
Demandamos de los Estados y la ONU de los compromisos internacionales en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan reducir sustancialmente todas las formas de violencia y trabajar con los gobiernos y las comunidades para encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad. Para ello consideramos indispensable: a) Adelantar un proceso participativo para el cumplimiento de la Agenda 2030, en un trabajo articulado entre Estado y sociedad civil para encontrar soluciones duraderas a los conflictos y a la inseguridad. Este proceso debe involucrar a los propios sujetos cuyos derechos están siendo vulnerados por los contextos de violencia que se viven actualmente b) El fortalecimiento del estado social de derecho y la promoción de los derechos humanos como referentes fundamentales en este proceso. c) Promover que los Estados ratifiquen el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación pública y el acceso a la justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este Acuerdo obliga a los Estados a garantizar estos derechos y por tanto a desarrollar los mecanismos institucionales necesarios para proteger la vida de los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. d) Promover políticas para la eliminación del flujo de armas ilícitas.